La conspiración para derrocar al Gobierno comenzó como una muestra de impotencia. Las elecciones de febrero de 1936 habían respaldado ampliamente el régimen republicano en las cuatro provincias gallegas, tanto en lo que respecta a la coalición electoral de centroizquierda del Frente Popular que había salido triunfante, particularmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, como en las opciones derrotadas conservadoras y de centro que solo habían tenido resultados positivos en Ourense y Lugo respectivamente. Los partidos abiertamente antirrepublicanos habían quedado marginados por el resultado electoral. No hubo ninguna “primavera trágica” en Galicia, ya que los intentos desestabilizadores de los escasos falangistas existentes habían sido fácilmente cortocircuitados por las autoridades. La primavera fue, al contrario, una fiesta electoral que culminó el 28 de junio con la votación del Estatuto de Autonomía de Galicia.
El golpe fue, para la inmensa mayoría de la población, inesperado y fue también extremadamente violento en Galicia. El poder fue tomado al asalto por una minoría de militares conspiradores y una minoría todavía mayor de apoyos civiles que carecían de representación política efectiva. Tampoco poseían el poder social, económico o simbólico, por lo que el uso de las armas se convertía en su único argumento. La absoluta falta de compromiso con los golpistas de los principales mandos militares de la región convirtió a los cuarteles en un espacio de combate. La legalidad tuvo que ser aplastada con extrema violencia, también en las calles. Los centros de poder civil fueron bombardeados, como el caso del Gobierno Civil de A Coruña, las manifestaciones populares masacradas, como en la Puerta de Sol de Vigo o en las calles de Ferrol, o los pueblos resistentes de Ribadeo y Tui ocupados por columnas militares fuertemente armadas.
El balance de lo que vino después fue inconcebible: asesinadas las máximas autoridades militares, los cuatro gobernadores civiles de las provincias gallegas, decenas de alcaldes (cinco de las siete grandes ciudades, 26 de otras de tamaño medio), cientos de cargos de representación política y sindical, personas de relevancia social por su profesión como maestros, médicos o abogados, así como obreros, marineros y campesinos que fueron elevando la cifra hasta cerca de 5.000 víctimas mortales en los años de la guerra.
La violencia exterminadora y persecutoria en Galicia se organizó de arriba-abajo, jerárquicamente, pero se implementó de abajo-arriba, con diversos brazos ejecutores. Las autoridades militares siempre fueron las que autorizaron y ordenaron unas prácticas que siguieron dos vías paralelas y complementarias: la de las sentencias en los miles de procesos castrense abiertos y la de los “paseos”.
La memoria del golpe y de la guerra en Galicia es una cuestión muy presente, presente en actos públicos de homenajes a las víctimas que copan agendas de forma especial desde finales del verano y durante el otoño de cada año. Presente también en diferentes lugares de memoria con monolitos, placas y toda una amalgama de sinalécticas que apelan al recuerdo y memoria de los asesinados. Presente en las flores que acompañan sus tumbas, en la tierra o en las rías. Presente especialmente en los discursos, en las voces, que, muchas veces, atenazadas por el relato golpista, sienten la necesidad de seguir argumentando ese desconcertante “eles non fixeron nada”. Al que los historiadores e historiadoras respondemos: “eles non, fixérono os que os mataron”.
AMM
