Los enfrentamientos de mayo de 1937 en Barcelona

¿Primero ganar la guerra y luego ya se hará la revolución? ¿Hacer la revolución para ganar la guerra? Estas preguntas, formuladas en estos términos o con matices, se empezaron a responder, de forma muy cruda, a partir del 3 de mayo de 1937, tras las crisis políticas e ideológicas que se arrastraban desde la formación del primer Gobierno de Josep Tarradellas, en septiembre de 1936.

A principios de mayo de aquel año, el campo de batalla quedó relativamente bien definido. Por un lado, los partidos y organizaciones “de orden”, de Gobierno: Esquerra Republicana de Catalunya y sus aliados habituales (Acció Catalana Republicana y el sindicato agrario Unió de Rabassaires, pero también los nacionalistas radicales de Estat Català), el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC, los comunistas ortodoxos, de estricta línea estaliniana) y la Unión General de Trabajadores (UGT, el sindicato socialista); una alianza de fuerzas antifascistas que, tras los primeros meses de la guerra y la revolución, habían establecido algunas prioridades muy claras: reorganizar el poder efectivo de la Generalitat (sobre todo, orden público, defensa y abastecimientos), centralizar esfuerzos militares y armados para ganar la guerra, defender las conquistas sociales de la oleada revolucionaria del verano y otoño de 1936, pero poner fin a la violencia revolucionaria y las colectivizaciones incontroladas y fuera del marco de los decretos de octubre de 1936.

Enfrente, una heterogénea coalición de fuerzas anarquistas (CNT, FAI y grupos afines) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM, comunistas anti-estalinistas), que defendían la eficacia de la fórmula «hacer la revolución para ganar la guerra antifascista».

Los enfrentamientos empezaron el día 3 de mayo, cuando fuerzas de orden público de la Generalitat intentaron recuperar el edificio central de la Telefónica en Barcelona, ocupado por elementos anarquistas desde el comienzo de la guerra, punto clave para el control de las comunicaciones del territorio catalán. Los bandos enfrentados entendieron inmediatamente que el intento de desalojo del edificio iba más allá de una maniobra puntual. Quien perdiera en este enfrentamiento, perdería la posibilidad de dirigir la guerra y, quizá, la revolución. Durante cinco días se sucedieron los enfrentamientos armados, que dejaron unas 500 víctimas mortales. Esta pequeña guerra civil dentro de la Guerra Civil terminó con la intervención decisiva de las fuerzas de orden público del Gobierno republicano. Unos 3.000 guardias de asalto se trasladaron a Barcelona para hacerse cargo del control de la situación.

Cuando cesaron los enfrentamientos, se abrió la última gran etapa histórica de la retaguardia catalana y española en la Guerra Civil: anarquistas y poumistas pasaron a ser el enemigo interior (el POUM fue ilegalizado y sus militantes, perseguidos y juzgados). En la Generalitat, la coalición ERC-PSUC se impuso al precio de que los republicanos iban a ceder su hegemonía política y social en favor de los comunistas. En un nivel superior, la crisis del Gobierno republicano, con el cese de Francisco Largo Caballero y su substitución, en la presidencia del Gobierno, por Juan Negrín (PSOE), impulsó las políticas centralizadoras del gobierno español: reforzamiento del control del orden público en Cataluña, recuperación de competencias que habían quedado en manos de la Generalitat, centralización del esfuerzo de guerra y la conducción estratégica (industrias de guerra, Ejército Popular).