Almacén del puerto controlado por Milicianos

En ambas retaguardias se practicó una fuerte represión hacia todas aquellos individuos o grupos de personas a las que se les consideraba enemigos a la causa.  En la zona republicana la represión se ejerció sobre todo entre los clérigos o personas cercanas a la iglesia, así como personas consideradas ideológicamente conservadoras (especialmente propietarios industriales y agrícolas), los grupos políticos cercanos a éstos y hacia los militantes de Falange y carlismo. Una persecución que en muchos casos también tuvo motivaciones personales. Se aprovechó el contexto de descontrol para liquidar cuentas pendientes del pasado.

La represión la llevaron a cabo individuos, especialmente, pero no únicamente, relacionados con el movimiento anarquista, que, con la primera confusión del levantamiento, aprovecharon para ocupar la calle. Fue en aquel momento donde se estableció un doble poder en Cataluña. Uno bajo el control institucional de la Generalitat de Catalunya y otro bajo el control de un nuevo poder, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, surgido como respuesta a la revolución iniciada como consecuencia del golpe militar. Aquel comité, entre otras atribuciones, controló el orden público en todo el territorio catalán a través de las patrullas de control y de la creación de comités revolucionarios. 

Aparecen comités de barrio, locales, en cada municipio, cada uno de ellos soberano en el territorio que controlaba. Su aparición provocó la pérdida del poder de los ayuntamientos. La gente armada actúa de forma libre: comienzan a quemar iglesias, cachean, detienen, matan, deponen autoridades. Son ellos, en definitiva, la nueva autoridad. 

El papel que llegaron tomar todos aquellos comités no se puede explicar sólo por el hecho de que desempeñaran el monopolio de la violencia, sino que también se encargaron de aplicar una serie de propuestas muchas de ellas aparecidas de manera espontánea.  Los comités tomaron el poder municipal en aquellos primeros meses de guerra y fueron los encargados de organizar la vida de todas las poblaciones, a pesar de que la violencia que se desató ofuscó su intento de organizar la nueva sociedad que se quería implantar.

La Generalitat, intentó por todos los medios posibles, desde el mismo inicio de la guerra y de la avalancha violenta, salvar vidas de personas en peligro de muerte, pero, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno catalán no controló la situación de violencia desencadenada hasta mayo de 1937, cuando ya habían sido asesinadas un mínimo de 6.000 personas. El total de muertos en Cataluña como consecuencia de la represión y violencia fue como mínimo 8.360 personas, cifra en la que se contabilizan a todas las víctimas, desde los asesinatos de los primeros meses de guerra a las juzgadas por un Tribunal Popular y condenados a la última pena.