El dinero y los espolios

Ante la evidencia del eminente fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, tanto los militares insurrectos como sus principales apoyos en la que acababa de convertirse en retaguardia gallega, desplegaron toda una batería de medidas mediante las cuales se buscaba maximizar la obtención de recursos. 

Dichos recursos, fuesen donados, recolectados, expropiados u obtenidos mediante coacción y multas, mediante medidas jurídicas creadas ad hoc o sin ellas, tenían por objetivos apoyar el esfuerzo de guerra de los combatientes del ejército insurgente y asegurar el control sobre la retaguardia. De este modo, dichas múltiples medidas, algunas de vida exigua y otras moduladas en función de las necesidades y oportunidades que surgieron a lo largo de la contienda, funcionaron además como un mecanismo de control social sobre la población.

El caso más emblemático de este doble beneficio para el golpismo, probablemente sea el de la onerosa pareja del “Día del Plato Único” y “Día sin Postre”. Si bien la medida que obligaba a todos los días 1 y 15 de cada mes a comer un único plato de comida para entregar el importe de lo recaudado a los más pauperizados fue la primera de su estilo, pronto entraría en vigor, paralelamente, el “Día semanal sin postre”, cuyos beneficios pagarían, supuestamente, puesto que las arbitrariedades y corrupción estaban ampliamente extendidas, el subsidio para el combatiente o la comida de los comedores de caridad.

Las aportaciones en metálico y en especie, o las cuestaciones, emblemas y ficha azul del Auxilio Social también fueron significativas y ejemplificaron ese efecto de control social. Habiendo caído Galicia en poder de los rebeldes, cualquier tipo de generosa aportación ayudaba en cierta medida a aliviar las conciencias de los que ansiaban garantías de no ser perseguidos o represaliados. También existieron aquellos que emplearon el donativo como ascensor social o los que lo hacían por mera adscripción ideológica.

Por último, también habría sido notorio lo incautado o expropiado a individuos o entidades que entraban en el amplio abanico de “afectos al Frente Popular”. Locales de reunión, imprentas, centros sindicales o incluso periódicos republicanos fueron incautados, con o sin amparo legal y posteriormente subastados o apropiados por fuerzas afines al golpe, como la Falange. La incautación del diario vigués El Pueblo Gallego, propiedad de Manuel Portela Valladares y que se convirtió a portavoz falangista pasó a simbolizar en cada una de sus páginas el nuevo orden de cosas.

GUPC/MCV