Movilización del ejército sublevado

Como se puede observar en el gráfico, Galicia se convirtió, desde el inicio del golpe de Estado, en un lugar donde los sublevados perpetraron una violencia brutal. Con el decreto de movilización del 8 de agosto de 1936, Galicia también se transformó en un centro de reclutamiento de hombres destinados principalmente al Frente de Asturias y que duró hasta 1939. La rapidez en la creación de un ejército regular se convirtió en una prioridad para ganar la guerra lo más rápido posible. Sin embargo, este proceso también sirvió como un mecanismo de control social, especialmente los reclutas, quienes provenían de diversos contextos sociales, políticos y culturales.

En la gráfica, se percibe una relación entre algunas matanzas perpetradas en Galicia y los decretos de movilización. Se observa que, en momentos bélicos clave, como la toma de Gijón, el inicio de la ofensiva en Aragón y la conquista de Cataluña, hay picos de muertes, pero también, un aumento de consejos judiciales militares. Esta correlación existe también entre los juicios abiertos y la movilización, lo que afianza la idea de que el reclutamiento forzoso, además de necesario para ganar la guerra, fue aprovechado como un mecanismo de control social. Era una forma de asegurar que la movilización careciese de oposición, como ocurrió con los primeros decretos. 

Desde Galicia se movilizaron miles de hombres que, obligados bajo pena según el Código de Justicia Militar, fueron enviados a morir y a  matar en un conflicto que no habían provocado. El alistamiento se realizó mediante la ley vigente durante la Segunda República y fue igual en el bando republicano. El Código de Justicia Militar se aplicó debido a que se aprobó el Estado de Guerra, lo que generó una militarización de fábricas, del orden público y de la justicia. Estuvo vigente hasta el 7 de enero de 1939, fue crucial para el control social y la victoria de los insurrectos. Fueron movilizados un total de catorce reemplazos, del 1928 al del 1941, es decir individuos que, al inicio del conflicto, julio de 1936, tenía entre 30 y 16 años. 

Cabe mencionar que, si una persona era declarada prófuga, sería sustituida por un hermano y su familia sería perseguida. Además de la motivación política en la represión, en algunos casos, pudo influir la actitud de algunos llamados a filas que no se presentaron y decidieron atacar a sus familiares, la mayoría de las veces con un pasado político en agrupaciones de izquierda.

FLC