Retrato del barón Gérard-Jacques de Borchgrave

El barón Gérard-Jacques de Borchgrave (1902-1936) era agregado en la embajada de Bélgica en España. Su muerte, en extrañas circunstancias, provocó una crisis diplomática entre el gobierno belga y el gobierno de la República española por desavenencias sobre lo ocurrido. El día 26 de diciembre de 1936 los servicios de la embajada belga encontraron en la sede de la administración provincial de Madrid una ficha judicial, con fecha de 23 de diciembre, que informaba que el cuerpo del barón había sido hallado en una cuneta en la zona de Fuencarral. Se solicitó al gobierno español que el cadáver fuese recuperado, sometido a una autopsia y devuelto a la embajada belga. Se pedía, también, una investigación para aclarar lo sucedido. 

El cuerpo de Borchgrave fue recuperado y se le practicó la autopsia. Se comprobó que había recibido tres tiros, uno de ellos a quemarropa detrás de la oreja. El gobierno belga consideró la muerte del barón como un asesinato. Por ello comunicó al gobierno español que, con arreglo a los principios del Derecho Internacional, reclamaba: disculpas, oficiales y por escrito, así como una manifestación de arrepentimiento; que se asegurase el traslado del cuerpo a un puerto, o a un lugar de sepultura, y se le rindiesen honores militares; una indemnización de un millón de francos belgas a favor de los sujetos de derecho; y que se asegurase el castigo de los culpables. 

Las primeras hipótesis apuntaban a un asunto de espionaje y a una campaña para provocar la deserción de soldados belgas de las Brigadas Internacionales como posibles motivos del fatal desenlace. Las autoridades republicanas llevaban un tiempo vigilando la embajada belga y se había tomado la decisión de dar muerte a todo sujeto sospechoso que entrase en contacto con los brigadistas procedentes de este país. Borchgrave habría entrado en contacto, cerca del frente, con sus compatriotas lo que habría llevado a los guardias de asalto de la República a darle muerte. Esta hipótesis no pudo ser confirmada, ni en lo que respecta a la acusación de espionaje o conspiración sobre Borchgrave ni de asesinato sobre los guardias de asalto republicanos.  

Así las cosas, los gobiernos español y belga se esforzaron en evitar asumir responsabilidad alguna en lo sucedido. Los españoles insinuaron que Borchgrave estaba en un lugar en el que no debía estar sin autorización y sin el conocimiento de las autoridades competentes, lo que resultaba sospechoso. El gobierno belga cargó la responsabilidad, ante la ausencia de los culpables materiales, en el gobierno republicano por ser la autoridad que controlaba el área donde se sospechaba que había muerto el barón. El asunto se enquistó de tal forma que el litigio entre ambos gobiernos se sometió a la Corte Penal de Justicia Internacional de la Haya. Sin embargo, pasados los meses y dado el desarrollo de la guerra en España, ambas partes acordaron no continuar el proceso y resolver sus diferencias en términos amistosos a partir de las reparaciones reclamadas en un primer momento por el gobierno belga.