Carta del Cónsul belga en Barcelona, Jules Simon

Cuando estalló la Guerra Civil, la cadena del poder institucional se rompió por múltiples partes ante la mirada de todo el mundo, también, de los representantes diplomáticos en Barcelona como el Consulado de Bélgica. Aunque estaban vigentes la Constitución de 1931 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año siguiente que marcaban las fronteras del reparto de las atribuciones públicas, el desmoronamiento del Estado en el verano de 1936 lo transformó todo. Con zonas de España aisladas como el País Vasco y parte de Cantabria, con un frente de Aragón dominado por las milicias anarquistas llegadas desde Barcelona y con comités provinciales en todas partes, la zona republicana se convirtió en un puzle de poderes territoriales con un ligero vínculo con el aún existente Gobierno de la República Española. 

El Gobierno de la Generalitat, presidido por el nacionalista de izquierdas (ERC) Lluís Companys, vivirá en una esquizofrénica relación con los diversos organismos de poder real y oficial con los que deberá entenderse. Prácticamente convertida en la administración de un Estado de facto independiente, pero sin poder controlar plenamente su territorio en manos de las milicias anarquistas o de otras formaciones como el POUM, la Generalitat sobrepasará sus competencias estatutarias: control de fronteras, emisión de papel moneda, apropiación de las delegaciones del Banco de España, creación de un Ejército de Cataluña y una Consejería de Defensa, además de un Decreto de Colectivizaciones que afectaría a no pocas empresas extranjeras como la belga Solvay y sus minas en Cataluña.  

Todo quedaba resumido en una carta del Cónsul belga, Jules Simon, de noviembre de 1936 al Consejero Primero catalán, Josep Tarradellas. La queja y la reclamación en nombre de la sociedad Solvay eran claras: la incautación de las Minas de potasa de Súria, de las oficinas de la empresa y de sus depósitos bancarios, estaban fuera del marco legal. La Generalitat estaba fuera de la ley.