La Guerra Civil española llegó inmediatamente después de la depresión económica mundial. En 1934, casi una cuarta parte de la fuerza laboral australiana todavía estaba desempleada. Como en muchos otros lugares, la Depresión había polarizado políticamente a la sociedad australiana. Durante casi una década, los gobiernos australianos siguieron el ejemplo de los conservadores británicos para evitar los horrores de otra Gran Guerra, eludiendo toda participación que pudiera alterar el equilibrio de poder internacional existente. Cuando tuvo lugar el pronunciamiento de los generales en julio de 1936, el primer ministro Jooseph Lyons instó a todos los australianos a mantenerse al margen de la “locura” de la Guerra Civil española.
Hubo varios grupos australianos que se sintieron galvanizados por el conflicto en España. El Movimiento de Ayuda Española, con el apoyo de sindicatos de izquierda, el Consejo Australiano de Sindicatos y varios líderes de iglesias protestantes, generó conciencia pública sobre la amenaza a la paz mundial que representaba el entusiasmo creciente por el fascismo europeo. El Movimiento de Ayuda Española se formó en Sydney en agosto de 1936. A mediados de 1937 había grupos en las grandes ciudades de todos los estados, así como en zonas mineras remotas y pequeños asentamientos en el extremo norte de Queensland.
Los esfuerzos de las campañas de Ayuda Española de Australia fueron fuertemente contrarrestados por la Iglesia católica. Los católicos constituían una quinta parte de la población australiana y, si bien el sectarismo y la clase eran dos fuentes profundamente arraigadas de división social, la militancia sindical y el catolicismo de la clase trabajadora, antes de la Guerra Civil española, no eran antitéticos. Sin embargo, el anticlericalismo español fue profundamente impactante para los católicos australianos, predominantemente de ascendencia irlandesa y entre quienes, desde la colonización, había habido fuertes vínculos entre la jerarquía y los laicos en oposición compartida a la hegemonía de las élites anglicanas británicas. Desde 1931, informes alarmantes distribuidos por la prensa del Vaticano describieron la agenda radical de reforma social de la nueva República Española como el divorcio legalizado y que a los hijos ilegítimos se les concediesen los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio. En particular, las reformas educativas españolas tocaron un punto sensible. Mientras los católicos australianos luchaban por establecer una escolarización diocesana independiente, en España la educación secular había reemplazado el control tradicional de la Iglesia sobre la educación.
A partir de la Guerra Civil española hubo tensiones crecientes entre el movimiento obrero australiano y los sindicalistas católicos que eventualmente llevaron a la formación de un partido laborista católico separado, como ocurrió con agrupaciones sindicales.
