Decreto de la Generalitat: Colectivizaciones y control obrero

A mediados de septiembre de 1936, tras las primeras semanas de guerra y se impuso la necesidad de un cambio de gestión política urgente. La situación creada desde la sublevación militar-fascista de un “doble poder”: Comité Central de Milicias Antifascistas, com amplísimas competencias en cuestiones de defensa, orden público, abastecimientos, armamento, etc., y una Generalitat de Catalunya con un Gobierno casi inoperante y la actividad parlamentaria suspendida, pero que actuaba como contrapoder del CCMA (por ejemplo, facilitando la salida del territorio de personas de derechas y religiosas que estaban en peligro), llegó a un punto de cierto colapso.

En este impasse, las negociaciones entre partidos políticos y fuerzas sindicales desembocaron en la formación de un Gobierno catalán de unidad antifascista, encabezado por el dirigente de Esquerra Republicana, Josep Tarradellas i Joan. El llamado “primer govern Tarradellas” (28.9.1936-17.12.1936) estaba formado por una coalición de fuerzas representativas del antifascismo del momento: ERC, PSUC (comunistas ortodoxos), POUM (línea troskista), CNT (anarcosindicalistas), UGT (vinculado al PSUC), UR (Unió de Rabassaires, sindicato agrario) y ACR (catalanistas republicanos moderados), con un programa relativamente nítido: institucionalizar los logros de la revolución (en aspectos tan diversos como la desaparición del culto religioso, la reordenación de la administración de justicia, etc.), controlar la situación del orden público en la retaguardia (terminando con los episodios de ejecuciones extrajudiciales, estableciendo los tribunales populares, etc.) y organizar la vida civil en la retaguardia ante un conflicto armado que no iba a ser breve, esto es, asegurar el abastecimiento y las condiciones de vida de la población civil, preservarla de posibles bombardeos, etc.

Del conjunto de la actividad gubernamental, destacaron los llamados “Decretos de S’Agaró” (llamados así porque la comisión que los redactó se reunió en el Hostal La Gavina de esta localidad), un conjunto de disposiciones de carácter económico, con las que la Generalitat pretendía adecuar las estructuras económicas, empresariales y laborales del país a la nueva situación revolucionaria. Se trataba de establecer los mecanismos de colectivización y organización de las empresas y comercios, mediante comités de dirección de trabajadores y obreros (en ocasiones, con la colaboración de técnicos y directivos de las empresas colectivizadas), en un proyecto de economía socializada, prácticamente inédito.

La importancia de los decretos viene determinada no tanto por sus resultados prácticos (escasos), como por su significado político y económico. Su redacción y puesta en práctica ponía en evidencia una situación inédita: el régimen de semi-independencia (o confederal) a que había llegado la Generalitat después de la crisis provocada por la sublevación. Con el Estado casi ausente del territorio catalán desde julio de 1936, la Generalitat asumió la responsabilidad de gobernar y gestionar con sus propias competencias y con aquellas que el Estado había dejado de ejercer en Cataluña. Entre estas nuevas competencias, reflejadas en los decretos, había la de intervenir en la estructura económica pública o la organización de industrias de guerra, que debían de abastecer a las columnas de milicianos voluntarios (y a las unidades militares que pudiera organizar la Generalitat). Esta peculiar situación, con consecuencias políticas y sociales importantes, se mantuvo hasta mayo de 1937, cuando los enfrentamientos entre fuerzas políticas y sindicales antagonistas, les pusieron fin.