¡Puños en alto! (De Estampas para la revolución)

Desde el inicio del golpe, la gran duda de las autoridades republicanas fue la de repartir o no armas a partidos y sindicatos obreros. Al principio, el reparto fue prohibido de manera expresa ante el temor a contribuir a desencadenar una revolución. La negativa de Azaña y Casares Quiroga se basaba en la imposibilidad de controlar a quiénes irían a parar las armas y el uso que harían de ellas. La insurrección aún parecía muy focalizada y el presidente de la República creía que la entrega de armas podría ser considerada una provocación o la semilla de una revolución social incipiente por la mayoría del Ejército que todavía no se había sublevado.

A media tarde del 18 de julio las organizaciones obreras expresaban su queja por la negativa a repartir máuseres y pistolas. Por la noche, mientras se pergeñaba el Gobierno Martínez Barrio, las organizaciones obreras seguían pidiendo armas e intentando buscarlas por su cuenta. Pero ya a finales del día, el ministerio de la Guerra, con autorización de Casares, había empezado a preparar cinco batallones de voluntarios formados por militares y afiliados a partidos de la coalición del Frente Popular. Es probable que dada la gravedad de la situación tuvieran en mente la necesidad de reforzar a las tropas, incluso de autorizar el reparto, e intentaran anticiparse. La misma razón podría estar detrás de la decisión de concentrar armas y municiones en el Parque de Artillería, el Ministerio y el batallón presidencial.

La madrugada del 19 de julio, la multitud continuó reclamando armas. Parte de los obreros congregados en la Puerta del Sol de Madrid asaltaron las armerías próximas. Desde el Comité Nacional de la CNT las instrucciones eran armarse como fuese. En el barrio de Usera un camión de la Guardia de Asalto repartía máuseres y municiones procedentes del Parque de Artillería. Los socialistas habían convencido al militar al cargo para que entregase esa noche dos o tres mil fusiles.       

El reparto de fusiles del Parque de Artillería, pese a ser un número muy inferior al de obreros desplegados en la calle, contribuyó a calmar el ambiente. Pero la noticia del Gobierno Martínez Barrio provocó nuevas manifestaciones indignadas. Martínez Barrio dimitió y la solución Giral calmó los ánimos, sobre todo con su decisión de repartir armas a las organizaciones obreras. El golpe llegaba así en Madrid a su fase final, la de la respuesta de las fuerzas leales al Estado, auxiliadas por los obreros militantes armados.

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