La estructura del poder local

En la fotografía de ve Miquel Mateu, el primer alcalde franquista de Barcelona (1939-1945), forzado a viajar por carruaje debido a la falta de benzina producida por las políticas del gobierno de Franco.

Los conflictos por el poder local se extendieron como una mancha de aceite en la España de postguerra. Por norma general estos tuvieron su máxima expresión en las luchas entre jefes provinciales de FET y de las JONS y gobernadores civiles por la designación del personal que debía poblar los ayuntamientos. Se trataba de una lucha desigual ya que los gobernadores civiles atesoraban todo el poder en estos nombramientos dejando únicamente a FET y de las JONS la función de asesorar. 

Esta conflictividad se explicó entonces, y aún hoy, como una lucha de FET de las JONS contra la derecha tradicional por el poder. La estrategia seguida por el partido fue denunciar a los alcaldes como viejos políticos y su gestión como ineficaz y corrupta. Las denuncias no pretendían tanto acabar con las irregularidades como desprestigiar y anular al adversario político. Por esta razón, cuando la solución adoptada era sustituir a los gestores, pero los nuevos no eran los que Falange deseaba, ésta redoblaba la intensidad de su campaña. 

Aunque hubo franquistas que apostaron por la fascistización, la heterogénea, y débil, implantación del partido, la debilidad y conflictividad de los liderazgos dentro de una FET-JONS ya reestructurada por la dictadura y la persistencia de una cultura política clientelar en todo el territorio tornan esta conflictividad en algo más que en un asalto fascista al poder local. 

La solución al problema fue la unificación en una sola persona del liderazgo local y provincial del partido y el Estado. Esta política produjo cierta renovación del personal político de los ayuntamientos, pero ésta fue dirigida y controlada por las elites tradicionales. La unificación de cargos no se produjo convirtiendo en gobernadores civiles a los jefes provinciales que habían denunciado las irregularidades y corruptelas, sino que se eligieron nuevos gobernadores civiles, por norma general militares o juristas de carrera, que, fueran o no fascistas, pasaron a controlar el partido a nivel provincial. En vez del partido único tomando control del estado, fue el estado que llegó a controlar el partido.

La unificación de cargos supuso la construcción de un modelo de articulación política clientelar. Con la concentración de poderes locales en una sola persona, la dictadura configuró un modelo de clientelismo de Estado y partido único que ocultaba las luchas en el seno del partido único y del Estado. Además, también conseguía el sometimiento de Falange. La función de los gobernadores civiles y alcaldes sería insertar las redes clientelares en el nuevo marco de relaciones permitiendo una convivencia, o conflictividad soterrada, con otras redes y con los recién llegados: los falangistas. 

Este modelo se consolidaría con la implantación, en 1947, de la Ley de Bases de Régimen Local de 1945 que no sólo facilitó una renovación constante del personal político local, sino que también institucionalizó la integración del clientelismo a través de la burocracia sindical y los colegios profesionales.

ORB