Barco-prisión Cabo Quilates

En el mes de septiembre de 1936, la aviación sublevada comenzó a bombardear con mayor contundencia la provincia de Bizkaia, especialmente su capital, Bilbao. Como respuesta a estos ataques sobre la población civil, se produjeron dos primeros asaltos al buque-prisión Cabo Quilates, atracado en la dársena de Portu, en Barakaldo. El primero, acontecido el 25 de septiembre de 1936, tuvo como consecuencia la ejecución de 50 presos; mientras que el segunda, ocurrido el 2 de octubre, y motivado, esta vez, por el hundimiento del destructor republicano Almirante Ferrándiz, provocó la muerte de unos 31 presos. 

Pero fueron los sucesos del 4 de enero de 1937 los que supusieron la mayor matanza de presos acontecida en la historia de Bilbao. Este día, más de doscientos detenidos en las cárceles de la capital vizcaína fueron asesinados, fusilados en su mayoría, en venganza a los bombardeos sufridos en la villa. 

Alrededor de las tres de la tarde de aquel día, la aviación alemana bombardeó la capital vizcaína, la cual, desde la caída de la provincia vecina de Gipuzkoa en manos de los franquistas, se vio sometida a la llegada masiva de refugiados. El ataque tenía como propósito minar la moral de la población. Causó al menos siete muertos. De entre la veintena de aparatos que hostigaron Bilbao, la aviación republicana consiguió derribar uno de los “Junker” alemanes. Dos miembros de la tripulación del bombardero lograron saltar en paracaídas, siendo uno de los mismos interceptado por la población local y linchado nada más tomar tierra. Portando su cadáver, la muchedumbre se manifestó indignada por varias calles de Bilbao, que poco después decidió buscar venganza en los presos de tendencia derechista encarcelados en varias prisiones de la ciudad. En un ambiente de extrema hostilidad, civiles y milicianos se concentraron en las inmediaciones de la Prisión Provincial de Larrinaga, así como en las de la Casa Galera y los conventos de los Ángeles Custodios y El Carmelo, todas ellas centros habilitados como prisión por el Gobierno Provisional de Euskadi, dada su cercanía a la cárcel de Larrinaga, así como para atender la falta de espacio de esta última ante la llegada masiva de soldados y otra serie de detenidos afines al levantamiento militar. Ante la presión popular, la guardia exterior termino por facilitar la entrada de los exaltados, dando, así, inicio a los asaltos.  

El balance final se saldo con 225 presos asesinados, 7 en El Carmelo, 54 en la Casa Galera, 56 en Larrínaga y 108 en los Ángeles Custodios. 

Aquella acción rompió con la política del Gobierno vasco de no acometer represalias políticas contra el enemigo, lo que llevo al entonces Consejero de Gobernación y Seguridad Ciudadana, Telesforo Monzón, a asumir su responsabilidad, al no ser capaz de impedir el asalto. Por su parte, el régimen franquista se valió de estos episodios para difundir posteriormente un relato sobre los males y atropellos cometidos por los rojos-separatistas.  

AOM/UB/MJV