Agujeros de bala en un escaparate de la calle Goya (Madrid) causados durante el atentado cometido por un grupo de falangistas contra al catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa

El tópico de que la Segunda República dio lugar a un clima irrespirable de violencia al cual solo podía ponérsele freno mediante un alzamiento militar fue un mito producido por la propaganda franquista para eximir de responsabilidad a los generales sublevados el 18 de julio. Pero esto no significa que su recurrente presencia no tuviera serias consecuencias sobre la vida política republicana. La violencia menoscabó la legitimidad de gobiernos e instituciones, fortaleció a los sectores más radicalizados, propició el incremento de la represión estatal y alimentó la desconfianza ciudadana hacia la democracia.

Fueron muchos los actores que postularon y practicaron el ejercicio de la coerción para conseguir sus objetivos y mejorar su posición en la arena política. Se configuró así una cultura transversal de la violencia que convergía en el rechazo de la legalidad y los cauces institucionales y en la representación del contrario como un enemigo con quien no cabían transacciones ni era posible la convivencia. La apología de la fuerza era indesligable de la concepción instrumental de la democracia popularizada en aquellos años, que la valorizaba en función de su utilidad para lograr determinados fines y la asociaba al ejercicio del poder en exclusiva.

Los estudios cuantitativos referidos a la violencia política desplegada en la República elevan la cifra de muertes por encima de las 2.600. La violencia fue in crescendo conforme transcurrió el primer bienio. Los episodios más virulentos e impactantes fueron la quema de conventos de mayo de 1931, las masacres de Castilblanco y Arnedo en enero de 1932, las dos insurrecciones anarcosindicalistas, y el frustrado pronunciamiento del general Sanjurjo en agosto de 1932.

La fase radical-cedista fue la etapa con mayor mortalidad del periodo republicano. La explosiva combinación entre la radicalización socialista y la acción armada de Falange disparó el número de asesinatos por violencia política (Matías Montero, Juanita Rico, Joaquín de Grado…). Los conflictos de mayor importancia fueron la tercera rebelión libertaria, la huelga general campesina de junio de 1934 y, sobre todo, la revolución de octubre, cuyo desarrollo y subsiguiente represión causaron no menos de 1.300 víctimas.

La violencia política fue más desestabilizadora y pertinaz durante la larga primavera del 36. El triunfo del Frente Popular activó un agudo ciclo de movilización consistente en manifestaciones, incendios anticlericales, ocupaciones de tierras y huelgas. El grueso de las muertes, no obstante, fueron debidas al auge del pistolerismo, sobresaliendo los atentados padecidos, entre otros, por el magistrado Manuel Pedregal, el teniente José del Castillo o José Calvo Sotelo. En la fotografía, publicada en el diario La Libertad, puede contemplarse uno de los agujeros de bala que causaron unos falangistas el 12 de marzo de 1936, en un escaparate de la madrileña calle de Goya, cuando intentaron asesinar al catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa.

SVM