La implantación del régimen franquista

El Nuevo Estado franquista se implantó en tierras catalanas en dos fases, primero en las partes conquistadas de las provincias de Lérida y Tarragona a raíz de la primera ofensiva sobre el Principado iniciada en marzo/abril de 1938; y la segunda entre finales de diciembre y febrero de 1939. El 5 de abril de 1938 Franco derogó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, calificándolo de “en mala hora concedido por la República”, y “devolviendo” a las cuatro provincias “el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España”. 

Consecuentemente, se crearon los gobiernos civiles y las jefaturas provinciales del partido único y se aplicaron las normas vigentes en la España “nacional” desde el principio de la guerra, de supresión de libertades y de partidos políticos y de sindicatos, al tiempo que se iniciaba una represión que no haría sino aumentar conforme se iba ocupando todo el Principado. Una represión dirigida no sólo contra todo tipo de demócratas e izquierdistas sino también específicamente contra catalanistas, calificados en bloque como “separatistas”. La lengua catalana dejó de ser cooficial y se dictaron órdenes específicas para la supresión de toda manifestación pública de esta lengua, prohibiéndose su enseñanza, ediciones, prensa, radio, rotulaciones públicas, etc., y persiguiéndose y multándose a los infractores. 

El partido único se implantó en las partes ocupadas de Lérida y de Tarragona, y después en Barcelona y Gerona, encuadrando a hombres, mujeres, jóvenes y niños en sus secciones y organizando concentraciones, desfiles como el que aparece en la imagen, del pueblo tarraconense de Ulldecona.  

La implantación del régimen franquista significó la restauración del culto católico, suprimido durante la guerra, para alivio de la parte de la población creyente, lo que contribuyó a crearle adhesiones.  

Dado el anticatalanismo feroz imperante en la España “nacional”, en la que los catalanes eran vistos en bloque como “rojo-separatistas” y donde se habían dado peticiones de traslado de las industrias fuera de Cataluña una vez fuese conquistada, o de desmembración regional, los falangistas catalanes propiciaron una política de ocupación que hiciese compatible la derogación del Estatuto, con todos sus efectos, con cierto respeto por la “idiosincrasia catalana”. Argumentaban en su favor la diversidad regional española y los puntos de vista de José Antonio Primo de Rivera sobre la cuestión, abriendo la puerta a cierto uso “literario” de la lengua, pero sobre todo esperando que, con la llegada de la paz, la reconstrucción económica y la mejora del abastecimiento de las ciudades -como Barcelona, con graves problemas durante buena parte de la guerra-, la población catalana se adheriría masivamente al llamado Nuevo Estado.  

Sin embargo, lo que ocurrió fue otra cosa: la imposición de una política autárquica e intervencionista en todo el país perjudicó enormemente a una región industrial como Cataluña, dependiente de unas exportaciones (de algodón y otros productos fundamentales, entre ellos los alimentarios) ahora muy restringidas, lo que provocó que las malas condiciones de vida de la guerra continuasen para buena parte de la población obrera e incluso clases medias catalanas. Al mismo tiempo, no se siguieron las recomendaciones falangistas y se aplicó un anticatalanismo brutal que duraría años, hasta suavizarse relativamente años más tarde, pero nunca permitiendo ningún tipo de cooficialidad.