Informe sobre el asesinato de 8 colombianos en España

El incidente diplomático más grave que amenazó las relaciones entre los gobiernos colombiano y español fue el asesinato de nueve ciudadanos colombianos por milicias populares en zonas controladas por los republicanos. A finales de julio, 1936 un noviciado colombiano de la orden religiosa claretiana llamado Aníbal Jesús Gómez viajaba con trece compañeros españoles desde Ciudad Real a Madrid. Cuando el tren se detuvo en la primera estación de la ruta, las milicias locales, al grito de “muerte a todos los monjes”, sacaron por la fuerza al grupo del vagón y se los llevaron para fusilarlos. Menos de dos semanas después, siete monjes de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y su escolta viajaban de Madrid a Barcelona para ser repatriados. Cuando llegaron a la ciudad catalana, la milicia local apresó a los ocho colombianos y los llevó a una prisión improvisada. A la mañana siguiente, fueron ejecutados basándose en que sus documentos de identidad colombianos eran falsos y sus cuerpos fueron depositados en la morgue del Hospital Clínico de Barcelona.

La noticia de estos hechos llegó a Colombia en agosto y septiembre de 1936, provocando indignación en los círculos políticos y populares. Miembros de la oposición y público en general pidieron al Gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo romper relaciones con la España republicana. Los conservadores analizaron el incidente en el contexto del apoyo del Congreso al Gobierno español, afirmando que este último había pagado al primero asesinando a sus ciudadanos. Muchos grupos e individuos dentro de Colombia –incluidos miembros de la colonia española– escribieron al Gobierno para expresar su protesta. Una carta incluso sugirió que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería tomar como rehenes a todos los españoles que llegasen a Colombia en represalia por los recientes acontecimientos.

López no rompió las relaciones diplomáticas, pero envió una protesta al Ministerio de Estado español pidiendo una investigación sobre los crímenes. También exigió una indemnización por los asesinatos y, tras negociaciones en curso, el Gobierno español pagó 250.000 pesos colombianos (aproximadamente 3.000.000 de dólares actuales) a las familias de las víctimas en febrero de 1938. Colombia fue la única nación que recibió compensación por la pérdida de sus ciudadanos (en lugar de funcionarios del Gobierno) en la Guerra Civil Española, aunque casos similares ocurrieron con otros ciudadanos extranjeros.

CE