El ministro de la Gobernación impone la Encomienda al teniente coronel de Asalto Carlos Silva Rivera

Los gobiernos del segundo bienio rectificaron la reforma policial desarrollada en la etapa anterior y fortalecieron la capacidad coercitiva de las instituciones de seguridad. Comenzaron con la readmisión de los policías depurados en 1931 y la amnistía de los militares y guardias civiles involucrados en la “Sanjurjada”.

La Guardia Civil recuperó su autonomía orgánica respecto al poder gubernativo y se benefició de fuertes incrementos de personal, alcanzando en 1934 los 34.366 hombres. En otoño de 1933, la sección organizada en el Ministerio de la Gobernación quedó subordinada a la Inspección General de la Benemérita, y después la Secretaría Técnica encargada de la coordinación de las fuerzas estatales de orden público fue reemplazada por un negociado creado ex novo en dicha Inspección. En la Guardia de Asalto, comandada ahora por el teniente coronel Muñoz Grandes, la preferencia por una doctrina de intervención más semejante a la de la Guardia Civil se concretó en unos preceptos operativos que determinaban un retroceso de las porras en beneficio de las armas de fuego.

La aprobación en 1932 del Estatuto autonómico catalán forzó a los dirigentes republicanos a descentralizar la gestión de la seguridad en el territorio. A finales de 1933, los servicios de la Guardia Civil y la policía se transfirieron a la Generalitat, el Gobierno regional. Su rebelión en octubre de 1934, no obstante, le hizo perder las competencias asumidas por decisión del Gobierno. Los 689 agentes y 1.984 guardias dependientes de la Generalitat ingresaron en la Policía Gubernativa, pero la presión de la derecha política motivó su inmediata cesantía.

La insurrección asturiana condujo al Gobierno a publicar unos proyectos que no lograron materializarse, dirigidos a crear una sección uniformada en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia y a militarizar el Cuerpo de Seguridad y Asalto como si fuera una gendarmería. Este propósito quedó en evidencia en la ceremonia de entrega de la bandera nacional al Cuerpo de Seguridad, realizada en El Retiro el 29 de septiembre de 1935. La fotografía muestra el momento en el que el ministro de la Gobernación, Joaquín de Pablo Blanco, le impuso la Encomienda de la República al teniente coronel de Asalto Carlos Silva Rivera. A continuación, la esposa del ministro, Dolores Aguilar, recordó a los oficiales condecorados que, antes que a la policía, debían su lealtad al Ejército.

El ciclo militarista terminó en diciembre de 1935 con los gabinetes de Manuel Portela Valladares, de quien cabe resaltar dos iniciativas. La primera, un proyecto de reglamento concebido para afianzar el carácter civil de la policía que tampoco cuajó. La segunda, la actuación en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 de una unidad compuesta por once mujeres policías, las primeras contratadas como tales en España.      

SVM