Santiago Casares Quiroga saludando a un grupo de oficiales de Asalto

El Gobierno Provisional promovió una reorganización del sistema público de seguridad con la finalidad de forjar una policía republicana; es decir, técnicamente cualificada, identificada con el régimen instaurado y reconocible por un empleo más proporcionado de la violencia. Esto se compatibilizó con la continuidad de la práctica totalidad de los policías que habían servido al general Primo de Rivera. Apenas una treintena de agentes fueron declarados excedentes por haber descollado en la represión de los opositores al régimen monárquico.

La fuerza que mejor representó el ideal de policía republicana fue la Guardia de Asalto, una innovadora policía antidisturbios especializada en el uso de recursos y técnicas de intervención no letales, que sustituyó las armas largas y los sables por porras y pistolas. Desplegada por las capitales provinciales y los principales enclaves urbanos, el favor gubernativo del que disfrutó quedó de manifiesto mediante la vertiginosa expansión del rebautizado Cuerpo de Seguridad y Asalto: de 6.571 a 17.660 hombres en tres años.

Desde 1932 la Guardia de Asalto comenzó a actuar además en operaciones de contrainsurgencia al equiparse con armamento pesado. Su militarización quedó patente el 13 de agosto, en el homenaje que se le tributó en el Parque del Retiro tras haberse impuesto a los militares rebelados por el general Sanjurjo. En la fotografía puede verse al ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, acompañado por el subsecretario Carlos Esplá, felicitando a unos policías que habían resultado heridos. El acto concluyó con un desfile que encabezaron los propios guardias de Asalto marchando fusil al hombro.

La agenda reformista republicana descuidó a la policía de paisano. El efectivo del ahora denominado Cuerpo de Investigación y Vigilancia incorporó menos de 300 agentes, alcanzado los 3.777 en 1934. La única disposición de enjundia del bienio republicano-socialista fue la eliminación de las reseñas de los militantes republicanos y socialistas compiladas durante la monarquía en los gabinetes de identificación criminal.

La reforma de la Guardia Civil tuvo profundas implicaciones administrativas y políticas. Los gabinetes azañistas no alteraron sus métodos castrenses ni acabaron con el empleo del máuser y el sable, pero sí apuntalaron su sumisión institucional al poder civil. En la resaca de la “Sanjurjada”, el Instituto pasó a depender enteramente del Ministerio de la Gobernación al suprimirse la tutela que ejercía el de Guerra. Se disolvió, asimismo, su Dirección General, siendo sustituida por una Inspección General que perdió competencias en beneficio de una nueva sección compuesta por personal administrativo civil. Una reestructuración semejante se aplicó a los Carabineros, que pasaron a subordinarse en exclusiva al Ministerio de Hacienda. El recorte de la autonomía corporativa de la Benemérita se coronó con la habilitación de una Secretaría Técnica, que coordinaría sus servicios y los de la policía.

SVM