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El incremento de la movilización política y sindical que siguió al advenimiento de la Segunda República hizo aflorar en amplios sectores de la sociedad una sensación de inseguridad que motivó un creciente uso de las armas de fuego. El alza de su demanda causó la proliferación de anuncios en la prensa como el que puede verse en la fotografía, dedicado a unos revólveres marca Royal que vendía la casa Beistegui Hermanos. Esta tendencia de la ciudadanía a armarse revelaba una palmaria desconfianza hacia los gobiernos republicanos, que sancionaron diferentes provisiones y reglamentos con idea de restringir la utilización privada de armas, monitorizar su venta y circulación, y castigar su tenencia ilícita.

El proceso de privatización del orden público tuvo diversas manifestaciones. Una de las más significativas fue la constitución de guardias cívicas. Entre las de izquierdas sobresalió la fuerza que socialistas y republicanos improvisaron el 14 de abril de 1931 para garantizar la seguridad en Madrid. La movilización armada de civiles, sin embargo, fue más recurrente en el mundo conservador. Las asociaciones de propietarios y los caciques locales siguieron financiando partidas de ciudadanos armados con la finalidad de que protegieran sus fincas y asistieran a la Guardia Civil en situaciones de desorden, especialmente tras la sublevación de octubre del 34.

Al creciente empleo particular de armas de fuego contribuyó la manga ancha con la que se otorgaron las licencias gratuitas para su uso. Entre las fuerzas auxiliares de orden público que podían solicitarlas sobresalían las guardias municipales. A escala local, cuando un partido accedía al poder era frecuente que destituyera a los policías contratados anteriormente por la oposición para colocar a su clientela. Esta decisión comportaba la anulación de las licencias gratuitas otorgadas y la distribución de otras nuevas entre los guardias entrantes, que también carecían de cualificación profesional alguna. En 1934 a esta costumbre se añadió que el personal retirado o en la reserva de los cuerpos estatales de seguridad obtuvo asimismo el derecho a disfrutar gratuitamente de estas licencias.

Los distintos gobiernos republicanos transigieron más o menos con la demanda social de armas según su color político. Los gabinetes del segundo bienio fueron más dadivosos al conceder las licencias de pistolas y armas de caza que solicitaban los segmentos sociales de orden con fines de autoprotección y para armar a los guardias jurados que protegían sus propiedades. Esta política se rectificó en 1936 por los gobiernos de centroizquierda, que fueron más restrictivos a la hora de expedirlas. En algunos municipios, empero, los partidos del Frente Popular organizaron de manera puntual grupos de paisanos armados que auxiliaron a las guardias municipales en la comisión ilegal de arrestos y registros domiciliarios entre los principales exponentes de las entidades conservadoras locales.

SVM