Dibujo del Campo de Trabajo de Ogern

Al fracasar el golpe de Estado y estallar la Guerra Civil, en Cataluña hubo sectores de la población afiliados a partidos políticos y sindicatos, que intentaron llevar a cabo una revolución para cambiar la sociedad aprovechando el momento en el que la Generalitat había perdido el control del orden público. Para conseguirlo era necesario destruir la propiedad, eliminar la religión, quemar aquellos papeles donde se preservaba la información del pasado (archivos notariales, archivos judiciales, etc.) y los edificios que representaban el poder, como los religiosos. 

Así mismo, se vio necesario eliminar físicamente al que se consideraba enemigo de clase, religioso o ideológico. Esto conllevó la muerte de muchas personas en la retaguardia republicana, hombres y mujeres (muchos religiosos) que fueron asesinados sin juicio previo y enterrados en los entonces llamados “cementerios clandestinos”, o bien fueron juzgados por los que se llamaron “Tribunales populares”, unos tipos de tribunales que se constituyeron al margen de la legislación vigente y en los que sus componentes eran generalmente personas de extracción popular sin previo conocimiento de leyes que impusieron penas muy severas. El período más duro de esta violencia sin control por parte de las autoridades se dio entre julio y diciembre de 1936.  

A partir del mes mayo de 1937 se redujo significativamente esta violencia, cuando el Gobierno de la República asumió la garantía del control del orden público que la Generalitat había sido incapaz de controlar de forma completa, disminuyendo sus competencias y asumiendo también el Departamento de Defensa. En estas nuevas circunstancias, se continuó persiguiendo a aquellos que se consideraba antirrevolucionarios, pero se les pretendía juzgar y penar según las leyes de la República. 

El 26 de diciembre de 1936 se crearon los llamados “Campos de Trabajo” por orden de uno de los líderes más destacados de la CNT-FAI, Joan García Oliver, entonces ministro de Justicia, y allí irían los penados por los tribunales militares o los revolucionarios con condenas superiores a seis meses y un día. El primero que se creó fue en Totana (Murcia); en Catalunya se instalaron durante la primavera de 1938 y llegaron a existir hasta seis, todos controlados por el Servicio de Investigación Militar (SIM), la agencia de inteligencia y seguridad de la República.  

También fue a partir del mes de mayo de 1938 cuando la Generalitat de Catalunya creó un Juzgado Especial con tres jueces inicialmente para investigar y perseguir los excesos violentos de los primeros meses de la guerra en Catalunya. Los dirigentes catalanes pretendían que se visualizase que se perseguiría y castigaría los crímenes acaecidos los primeros meses de la guerra. Hasta finales de 1938, se detuvieron a numerosas personas acusadas de participar en estos crímenes y se exhumaron más de 2000 restos óseos de diferentes cementerios clandestinos que aparecieron por toda Catalunya.