Memorial a Ángel Sanz Briz, Budapest
El historial del régimen franquista respecto del Holocausto puede ubicarse en algún lugar del continuo entre las acciones de los nazis y sus aliados en un extremo y la pasividad de las democracias en el otro. La España de Franco admitió a unos 15.000 judíos, pero a casi todos ellos se les dio sólo cinco días para transitar y salir del país. Hasta mediados de 1940, los admitidos legalmente debían presentar los siguientes documentos: pasaporte en vigor, visado de salida de Francia, visado de entrada y tránsito en España y billetes para embarcar en barcos desde puertos españoles o portugueses.
Estas condiciones empeoraron con la derrota de Francia en junio. El régimen de Vichy se negó a permitir que los refugiados cruzaran su frontera con España. Por su parte, la policía española adoptó una actitud más dura, expulsando a más personas que antes, que además ahora tenían más problemas para obtener todos los documentos necesarios para cumplir los requisitos legales para entrar en España. Si las autoridades españolas los rechazan, los refugiados acabarían en manos de la policía de Vichy o de los nazis. A partir de ese momento, el número de cruces ilegales aumentó. La mayoría de las personas que cruzaron ilegalmente fueron capturadas antes de que pudieran llegar a Portugal. Cuando esto sucedió, iniciaron un viaje de sufrimiento por diferentes centros de detención.
En esta oscura historia hubo unos pocos hombres y mujeres buenos que, a pesar de representar al estado fascista español, lograron ayudar a cerca de 8.000 judíos. Lo hicieron yendo en contra de las órdenes de Madrid y utilizando su limitada autoridad para manipular a los perpetradores. Sin embargo, primero intentaron dejar constancia de su preocupación transmitiendo a sus jefes las dimensiones de la catástrofe humana que se estaba desarrollando y la necesidad de intervenir. Miguel Ángel de Mugurio, embajador de España en Budapest, envió más de veinte comunicados a sus superiores denunciando los decretos contra los judíos húngaros.
En junio de 1944, su sustituto, Ángel Sanz Briz (cuyo memorial en Budapest aparece en la foto), remitió al ministro de Asuntos Exteriores español un informe sobre Auschwitz, que incluía detalles sobre el uso de cámaras de gas. Desanimado por el silencio de Madrid, decidió actuar por su cuenta. Alquiló casas para albergar a judíos perseguidos, a quienes puso bajo la protección de su embajada. También emitió cartas de protección a particulares. En total, Briz salvó a unas 5.000 personas. Yad Vashem ha reconocido a Briz como Justo entre las Naciones.
Otros diplomáticos españoles también salvaron a judíos en Rumania, Grecia, Bulgaria, Francia, Alemania e Italia. Arriesgando sus carreras, utilizaron el caos de los últimos meses de la guerra y la dificultad para comunicarse con sus superiores para actuar en contra de los deseos de Madrid. Por eso guardaron silencio durante décadas sobre sus acciones. Irónicamente, sus buenas obras fueron luego cínicamente apropiadas por la dictadura franquista para reforzar sus posteriores afirmaciones espurias de haber sido un benefactor de los judíos perseguidos.