Orden gubernativa de expulsión de Barcelona

El régimen franquista restringió, en mayor o menor grado, la libertad de movimiento de sus ciudadanos durante cerca de dos décadas (1939-1957). Lo hizo imponiendo lógicas restrictivas burocrático-administrativas relacionadas con el trabajo, la vivienda y el abastecimiento alimentario de las personas migrantes. Otra fue la imposición de un salvoconducto de movilidad de marcada impronta política, ya que para ser concedido era preciso contar con un informe político-social favorable de las autoridades gubernativas de la provincia de residencia, y en última instancia, de la propia Dirección General de Seguridad. Este pasaporte interno estuvo vigente hasta 1948 para poder desplazarse entre las distintas provincias españolas, y hasta 1942 para poder, incluso, desplazarse entre municipios ubicados bajo la misma jurisdicción provincial, imponiendo con ello más de 8.000 fronteras internas durante los primeros resortes de la posguerra.

Durante estos años el Nuevo Estado también implementó una normativa restrictiva para dificultar el asentamiento de las personas migrantes en las ciudades que habían escogido para desarrollar un nuevo proyecto de vida. Impuso normativas que dificultaron conseguir un trabajo legal en un municipio ajeno al de residencia, prohibiendo a los trabajadores y trabajadoras tramitar una tarjeta profesional en los lugares donde no estaban censados; también impidió extender las cartillas de racionamiento alimentario a las personas desplazadas; y finalmente, decretó una política de exención de alquileres en favor de los residentes anteriores a la guerra, la cual, impidió a los migrantes de la posguerra participar en igualdad de condiciones dentro de este mercado, empujando a cientos de miles de personas hacia el chabolismo en las principales urbes del país.

Esta gobernanza migratoria tan restrictiva no logró evitar que durante los años cuarenta aconteciera el proceso migratorio interno más importante constatado censalmente hasta ese momento. Sin embargo, ocasionó la constitución de enormes bolsas de marginalidad y vulnerabilidad entre las personas migrantes, sobre todo entre aquellas que carecían de apoyos familiares o de paisanaje en las grandes ciudades. Fue sobre estas personas hacia donde el régimen dirigió los preceptos más contundentes de su política migratoria, contabilizando miles de deportaciones en ciudades como Valencia, Sevilla, Madrid o Barcelona. El documento adjunto ofrece un ejemplo. “JUAN MARTINEZ GASCON, natural de ALBATERA (ALICANTE) de 54 años de edad, es remitido al pueblo de su naturaleza por haberse presentado en Barcelona, sin trabajo, ni recursos, careciendo asi mismo de domicilio. Es advertido que en caso de regresar, ingresara en la Carcel”.

En Barcelona fueron varias las órdenes circulares emitidas por el Gobierno Civil para implementar esta política, vigente hasta el primer trimestre de 1957. En colaboración con el ayuntamiento de la capital catalana, dicha institución volcó un considerable volumen de recursos en este sentido. Decenas de miles de personas transitaron por este entramado represivo durante el denominado primer franquismo: unas 70.000 personas entre 1945 y 1957.