La querella argentina

Luego del fallido intento del magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón de investigar al franquismo por los “presuntos delitos permanentes de detención ilegal en el marco de los Crímenes contra la Humanidad”, ejecutados entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, sería en la Argentina, donde familiares de asesinados y desaparecidos, respaldados por diversas asociaciones de derechos humanos, presentaron el 14 de abril de 2010 una denuncia por “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Amparándose en el principio de Jurisdicción Universal que habilita a los tribunales de justicia a investigar violaciones de derechos humanos sin reparar en el lugar de comisión del delito o la nacionalidad de la víctima sino en la naturaleza del crimen, la querella 4591/2010 fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 de Buenos Aires a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. La denuncia fue presentada por Darío Rivas, hijo del alcalde republicano del ayuntamiento de Castro de Rei (Lugo), fusilado en octubre de 1936, y por Inés García Holgado, por la ejecución de dos abuelos y un tío-abuelo desaparecido. Ambos aparecen en la fotografía, acompañados entre otros por la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980. 

Los descendientes de las víctimas residentes en Argentina buscaban imputar a altos funcionarios de Franco que aún seguían vivos. En ese momento sólo sobrevivían 13 exministros, ancianos y civiles, actores importantes de la Transición española. 

De 92 años, en 2011 Rivas, que niño había sido enviado a Buenos Aires con familiares para recibir la educación pública y el trabajo que no abundaban en España, declaraba en Página 12: “Hay 113 mil cuerpos desaparecidos, 30 mil niños secuestrados, 2.500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”.  

Tras que el Auto del 27 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo bloquearía la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo en España, considerándose que los delitos habían prescrito con la Ley de amnistía de 1977, la querella argentina constituyó una respuesta para seguir reivindicando justicia, generar visibilización internacional y denunciar la situación de “olvido” de las víctimas del franquismo, aunque la respuesta de las instituciones españolas ha sido mayormente de obstaculización de la investigación. La jueza ha llegado a imputar a varios denunciados y pedir extradiciones, así como ha impulsado exhumaciones. La primera de ella, en febrero de 2016, en el cementerio de Guadalajara, fruto de la declaración de Ascensión Mendieta, hija de un represaliado en 1939, quién con 88 años voló a Buenos Aires en 2013 para declarar ante la jueza Servini. Su objetivo era que le dejaran recuperar los restos de su papá, enterrados en una fosa común.